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San Salvador, 25 de Abril de 2017
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El plagio como delito y producto del ego exacerbado

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Alfonso Fajardo, abogado especialista en propiedad intelectual y escritor, analiza el caso de plagio de Mario Alberto Rojas en los Juegos Florales de Morazán 2012. Nos ofrece un punto de vista jurídico y uno desde la creación literaria.

Por Alfonso Fajardo (*)

San Salvador.- Muchas cosas se han dicho sobre el caso del plagio del señor Mario Rojas, la mayoría de ellas son comentarios acertados por parte de académicos, escritores, poetas y artistas en general. El caso se hizo público gracias a una publicación del poeta y editor Osvaldo Hernández, con quien estaba compartiendo el Festival de Poesía de Granada, Nicaragua, el día que la Secretaría de Cultura emitió su comunicado. Con él discutíamos el caso y los comentarios que todos hacían al respecto en las redes sociales, y gracias a él comprendí de mejor forma la actuación repudiable del señor Rojas, pues me compartió algunos hechos que, como exprofesor del señor Rojas, conoce de primera mano, de los cuales solo utilizaré una tan sola anécdota después de obtener la autorización expresa de Osvaldo para usarla en este artículo. El presente artículo-comentario está escrito desde dos perspectivas: analizando el caso desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de la creación literaria. En mi doble calidad de abogado especialista en propiedad intelectual y como creador, creo que algunos comentarios son pertinentes.

I.      EL PLAGIO COMO DELITO

El «plagio» está incluido dentro de la generalidad del delito de violación de derechos de autor, tipificado en el Artículo 226 del Código Penal de El Salvador, que literalmente establece: «el que a escala comercial reprodujere, plagiare, distribuyere al mayoreo o comunicare públicamente, en todo o en parte, una obra literaria o artística o su transformación o una interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o fuere comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, será sancionado con prisión de dos a cuatro años». El ya conocido caso del señor Mario Rojas y el plagio de once obras representa, entonces, once delitos de violación de derechos de autor, delitos que se acumularían dentro de un mismo proceso. Son once violaciones según lo han expuesto en las redes sociales, donde se han descubierto que once de los dieciocho cuentos ganadores de los Juegos Florales de Morazán del año 2012, son reproducciones –totales o parciales- de obras de terceros. Sin embargo, los actos realizados por el señor Rojas encajan a la perfección en un delito superior, el establecido en el artículo 227 del Código Penal, a saber: «violación agravada a derecho de autor y derechos conexos», que dice así: «será sancionado con prisión de cuatro a seis años, quien realizare cualquiera de las conductas descritas en el artículo anterior, concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1) usurpando la condición de autor sobre una obra o parte de ella o el nombre de un artista en una interpretación o ejecución; 2) modificando sustancialmente la integridad de la obra sin autorización del autor». Tomando en cuenta que el señor Rojas, en entrevista al periodista Tomás Andreu, ha aceptado públicamente la autoría de estos delitos, le esperaría la pena de prisión de cuatro a seis años. La Fiscalía General de la República tuviese en sus manos un caso relativamente fácil, por la confesión pública del delito. Un caso donde perfectamente pudiese sentar un precedente jurídico importante en este tipo de delitos relativos a la propiedad intelectual.

El señor Rojas ha confesado públicamente haber cometido estos delitos, mientras que en las redes sociales se ha descubierto la forma en que se han cometido estos. Aparentemente lo que Mario Rojas ha hecho es precisamente lo que prohíbe el artículo 227 del Código Penal, pues en los once cuentos señalados ha usurpado la condición de autor sobre una obra o parte de ella, así como también ha modificado sustancialmente la integridad de las obras plagiadas sin autorización alguna del autor, violando asimismo los derechos morales del autor, que le son irrenunciables e inalienables. Son once cuentos en total, once delitos de violación agravada de derechos de autor, acumulables en un solo proceso y, por tanto, con una sola pena. Once relatos de los cuales uno está reproducido en su totalidad y el resto son, aparentemente, reproducciones parciales.

Al haber confesado los delitos, quedaría allanado el camino para que la Fiscalía General de la República, previa investigación, demostrase desde el punto de vista jurídico que existe delito cometido por el señor Rojas. Sin embargo, cualquier delito requiere que exista un ofendido concreto. A pesar de que los delitos relativos a la propiedad intelectual son de acción pública (reforma introducida en nuestra legislación gracias a la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos de América y República Dominicana en 2006), la persecución de oficio de este tipo de delitos es complicada pues el titular de los derechos suele estar ausente. En un delito de violación de derechos de autor, obviamente que los ofendidos son los autores mismos. En este sentido, a pesar de que la fiscalía actúe de oficio, sería difícil judicializar y obtener una sentencia bajo este delito, por la dificultad de los formalismos jurídicos que requieren que al menos exista un apoderado local para el caso concreto, y porque a lo mejor a los autores les importe poco el presente caso.

A pesar de lo anterior, la Secretaría de Cultura también es afectada pues erogó determinada cantidad de dinero en la premiación al plagiario, así como también invirtió dinero en la publicación de la obra y en la promoción de ella y del supuesto autor. Por lo anterior, la Secretaría de Cultura también pudiese actuar como ofendida, aunque ya no bajo el tipo de violación de derechos de autor pero sí como estafa o sus modalidades de defraudación, por haber utilizado (el plagiario) un engaño para obtener un lucro económico específico de parte del Estado. De hecho, el tipo que más se apega a este caso es el de estafa agravada, teniendo en cuenta que es precisamente la Secretaría de Cultura la ofendida. Este delito tiene una pena de prisión de cinco a ocho años.

Como abogado defensor de los derechos de autor, como creador, pero todavía más importante, como ciudadano que pagó sus impuestos para el desembolso de ese premio, espero que tanto la Fiscalía General de la República como la Secretaría de Cultura logren configurar el tipo y puedan ganar el caso, llegando hasta las últimas consecuencias.

II.     DEL PLAGIO COMO EXACERBACIÓN DEL EGO

A partir de este momento mi comentario está enfocado desde la perspectiva del creador. El plagio es la forma más vil de robo del esfuerzo ajeno del creador, y es deplorable desde todo punto de vista. La defensa que hace el señor Mario Rojas, en el sentido que sus actuaciones constituyen un performance, me parece la defensa más patética, risible y cínica que puede existir. Si el señor Rojas buscó asesoría antes de esa entrevista, seguramente lo asesoraron mal, pues para su conveniencia le hubiese resultado menos dañino haber admitido su responsabilidad sin poner ningún tipo de excusa barata. Errar es de humanos, corregir es noble. En todo caso, si aminorar su responsabilidad quería, aceptar el delito era contraproducente con la excusa, pues para efectos jurídicos, lo que importa es la confesión del delito.

Siempre he tenido mis reservas sobre el performance, sobre todo cuando se mezcla con la literatura. He visto a poetas bailando en lecturas importantes, sin mencionar ni una sola palabra; los he visto tocando instrumentos sin ni siquiera abrir la boca, como si la batería y las panderetas fuesen capaces de transmitirnos una imagen, una metáfora. Sin embargo, los performance cuando respetan las diferentes artes, son interesantes y refrescantes, ello es indudable. Pero las actuaciones del señor Rojas no son un performance, ni mucho menos una protesta social en forma de performance, constituyen –simple y sencillamente- un conjunto de violaciones de derechos de autor, por las razones siguientes: a) Si lo que quería era hacer una denuncia pública sobre la supuesta ineficacia de las autoridades, entonces hubiese bastado con que en el día de la premiación rechazase el premio, retratando a las autoridades respectivas; b) Si de verdad se hubiese tratado de un performance entonces no debía gastarse el dinero del premio, dinero que salió del pago de los impuestos, es decir, de mi bolsillo y del suyo, estimado lector; c) Si se hubiese tratado de una protesta social sobre la falta de oportunidades para escritores emergentes, ¿qué relación tiene el plagio con ello? Evidentemente es él quien le negó la oportunidad de ganar ese premio a un joven escritor emergente, por lo que esa excusa es la más barata y pésima de su defensa.

No debería caber duda alguna que la intención primordial del señor Rojas era ganar el premio y obtener el dinero, pero sospecho que lo que más mueve al señor Rojas hacer este tipo de actos es el ego. El ego es el propulsor de las más bizarras actuaciones, y ganar un premio basándose en la obra de terceros parece ser, para Mario Rojas, el medio ideal de obtener lo que alimenta al ego: la fama. La escritura, desde mi personal punto de vista, es un oficio que se ejerce en soledad y cuyo fin primordial no es la fama sino más bien satisfacer una necesidad personal, que es escribir. El reconocimiento, las luces, los aplausos, vienen como añadidura y como consecuencia de ese ejercicio en solitario, pero no se debe confundir la necesidad de escribir con la necesidad de obtener fama. Si un escritor o poeta busca la escritura como medio de trascendencia personal, está acabado. Si un escritor o poeta busca la escritura como medio de alimentar su ego, su ruta está equivocada.

De acuerdo a Osvaldo Hernández, el señor Rojas –cuando aún era su estudiante en la Escuela de Jóvenes Talentos en Letras de la Universidad Matías Delgado- una vez le dijo que tenía la necesidad de ganar el premio Nobel de literatura y que un día no muy lejano lo ganaría. Con este tipo de autoconfianza no cabe duda que es peligroso utilizar cualquier medio para llegar a ese fin, incluyendo ganar uno o varios premios basándose en la violación de derechos intelectuales de terceros. El problema para el señor Mario Rojas es que no es Bryce Echenique, y aunque de aquí en adelante logre una escritura propia y alcance el éxito, todo lo que haga tendrá la sospecha de la sombra de este triste suceso. A pesar de todo, estará en el señor Rojas demostrar que no está muerto en vida, desde el punto de vista literario, aunque el camino le será tortuoso si de verdad asume que la escritura no es un medio para alcanzar la fama y para alimentar el ego.

Lo anterior no significa que este episodio deba ser visto con benevolencia hacia el plagiario. Al contrario: su intención no era hacer una protesta social, como lo ha expresado. Su intención era ganar el premio a cualquier costo, para obtener esa cuota de fama que alimenta a ese elefante que es su ego.

III.   LAS LECCIONES

Este triste episodio nos deja varias lecciones. Si bien es cierto es un caso donde pueden existir responsabilidades compartidas, señalar esas responsabilidades sin antes analizar sus causas es contraproducente, pues se cae en el vicio de criticar por criticar.

La primera lección tiene que ver con la estructura de los Juegos Florales. En definitiva que siempre se debe procurar la elección de jurados idóneos, y con ello no quiero decir que el jurado de los Juegos Florales de Morazán no lo fuesen. Tan idóneos fueron, y tan bien hicieron su trabajo, que el premio recayó sobre un grupo de cuentos de alta factura literaria. El jurado siempre actúa de buena fe, y por ello la responsabilidad de ellos es poca. Ahora bien, el proceso de cómo se arribo a la decisión de premiar ese trabajo debe ser transparente, ya que de esa forma se descarta cualquier tipo de mala fe. Además, será parte del proceso meramente jurídico conocer los parámetros de deliberación.

El problema de nombrar un jurado idóneo está en que de conformidad al artículo 7 del decreto ejecutivo número 35, de fecha veintinueve de abril de mil novecientos noventa y seis, que es el reglamento de los Juegos Florales, «Los miembros del jurado desempeñarán sus funciones ad-honorem». Craso error del legislador al establecer que una ardua labor, como lo es leer decenas de trabajos literarios, se deba hacer de forma gratuita. Leer y analizar cada trabajo que se presente en un certamen de poesía, de narrativa o de dramaturgia, representa un trabajo que debe ser remunerado. La ausencia de remuneración de este trabajo hace que cualquier persona idónea para este trabajo rechace de inmediato la invitación a ser jurado.

La estructura jurídica de los Juegos Florales la conforman tres decretos: 1) El decreto número 652 de fecha 14 de mayo de 1968, que establece la permanente celebración anual de los Juegos Florales de las ciudades de Santa Ana, San Miguel «y las restantes cabeceras departamentales de la República». 2) El decreto número 69 de fecha 8 de agosto de 2012, que reformó el decreto número 652 de 1968 en la redacción de dos de sus artículos, sin modificar la esencia del decreto; y, 3) El decreto número 35, de fecha veintinueve de abril de mil novecientos noventa y seis, que como ya hemos establecido, es el reglamento de los Juegos Florales y de donde deriva el grave problema de la gratuidad del trabajo del jurado. Más allá de estos decretos, no conozco de más instrumentos jurídicos relacionados a los Juegos Florales.

Todos los decretos anteriormente relacionados deben reformarse, pero especialmente es el reglamento el que debe reformarse de forma urgente, no solamente para incluir honorarios para el jurado sino sobre todo para modernizar la estructura, las bases de competencia y los procesos de los Juegos Florales. Por ejemplo, una de las disposiciones criticables a este reglamento es el establecimiento de un Gran Maestre, que es obtenido después de ganar por tres veces el primer lugar en cada género, y después del cual se le impide al autor volver a participar en ese género literario específico. Si el legislador lo que pretendió hacer es darle oportunidad a los escritores emergentes, no debió hacerlo en detrimento de autores con cierta trayectoria. En lugar de impedir la participación, lo que debió hacer es realizar certámenes escalonados, de manera tal que los autores con trayectoria participen frente a autores de su misma experiencia, de esa forma se estimula la creatividad de los jóvenes y se promueve la competencia sana entre autores con un poco más de experiencia. Este es tan solo un ejemplo de muchas cosas que se pueden cambiar con un nuevo reglamento.

Decretos como estos, o el decreto número 11 de de 1955, que es el reglamento de la Dirección de Publicaciones e Impresos, junto a sus reformas de 1965 y 1996, también deben reformarse para modernizar la editorial del Estado y que estas nuevas disposiciones se encuentren armonizadas unas con otras. No se trata de criticar personas, administraciones específicas o situaciones concretas: es la estructura la que en definitiva no ayuda a que los procesos sean los adecuados para tratar de evitar, por ejemplo, el fraude que representa un plagio. Más allá de las personas, y de las pasadas y las actuales autoridades, el próximo gobierno tendrá que cambiar la estructura jurídica de la cultura en El Salvador. En este sentido, un Ministerio de Cultura es necesario y urgente, pues solo así la cultura podrá obtener el presupuesto que se merece.

La segunda lección, también desde una perspectiva de país, es que en El Salvador no existen políticas públicas específicas en cuanto a la cultura se refiere. Mucho menos políticas públicas culturales que fomenten el surgimiento de nuevos escritores. Los Juegos Florales no son suficientes. Es necesario crear una academia superior de artes o de literatura donde todo aquél que quiera dedicarse a escribir, lo pueda llegar a hacer a partir del aprendizaje de las técnicas literarias. No es que se deba estudiar literatura para escribir, pero la academia ayuda y potencia a quienes desean convertir en profesión la literatura. La eliminación de la carrera de letras de las universidades privadas, hace ya muchos años, es signo de que el arte en general, y la literatura en particular, poco o nada importan en este país.

Este caso representa un episodio oscuro tanto en el mundo de los derechos de autor como en el de la literatura. La Secretaría de Cultura debe llegar hasta las últimas consecuencias, debe presionar a la Fiscalía General de la República para que se siente un precedente jurídico importante que beneficie tanto a autores como a la misma institución gubernamental.

(*) Abogado, escritor, colaborador y columnista de contrACultura.

 

Notas o artículos relacionados al tema:

Plagio en Juegos Florales

Suspensión de Juegos Florales 2014

El plagio como protesta social o la herencia de la impunidad (Sandra Aguilar)

Del plagio, del plagiador y de (nosotros) los consentidores (Nelson López Rojas)

Plagios (Manuel Vicente Henríquez)

 

 


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